El exconcejal de Valencia que murió envenenado con falsa viagra en una emboscada sexual

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Joaquín García Romero cogió el tranvía a Burjasot el 20 de enero de 1911 sin sospechar que aquella cita sexual le costaría la vida. El exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, de 60 años, mantenía desde hacía tiempo relaciones extramatrimoniales con Bernarda Ortolá Femenía. La visitaba a diario en las diferentes casas donde había vivido en la capital valenciana y últimamente en la calle de la Nave, donde ésta residía con Dolores Gimeno Tamarit, a quien hacía pasar por su sobrina y que también complacía sexualmente a García. Pero ese día le habían citado en el vecino pueblo de Burjasot, en el número 11 de la calle Isabel la Católica que le habían animado a alquilar. Le iban a llevar allí a otra mujer y le habían prometido que le proporcionarían «una bebida que vigorizara su naturaleza», tal como él había pedido.

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García Romero se presentó en la casa a la hora convenida y mientras esperaba a la desconocida tomó unos pastelitos que le ofrecieron las mujeres y pidió que el líquido de viagra prometido. Bernarda aprovechó entonces para darle el contenido de un frasquito que llevaba en su bolso, en el que había disuelto un sublimado mortal. El exconcejal se tomó confiado la bebida y al poco comenzó a sentirse mal, acometido por vómitos, diarrea y sudor copioso.

Insultó a las mujeres, diciendo que le habían envenenado, e intentó marcharse de la casa, pero ellas se arrojaron sobre él, lo derribaron y le golpearon, intentando acabar con su vida y robarle el dinero que llevaba. A punto estuvieron de conseguirlo, pero en un supremo esfuerzo, García logró desasirse de ellas y salir a la calle en busca de un carruaje que le llevara a la capital.

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Llegó tan grave a su casa que falleció a las cinco de la madrugada entre espantosos sufrimientos. Según los informes periciales que recogió ABC, «a consecuencia de intoxicación por veneno cáustico, que debió ser el sublimado corrosivo o cloruro mercúrico».

Antes de morir, el exconcejal le contó a su médico de cabecera, el señor Estopiñá, que Bernarda le había envenenado y que luchó con dos hombres que le impedían salir del chalet, uno de los cuales se llamaba Luis.

Su fotografía apareció en el periódico el 25 de enero y apenas unos días después se publicaban imágenes de las envenenadoras, de la casa donde se cometió el crimen y de la fosa que habían cavado en la huerta que había junto a la vivienda, donde pensaban ocultar su cadáver.

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No se llegó a identificar a esos dos hombres de los que habló la víctima, pero junto a Bernarda Ortolá, la envenenadora confesa, y Dolores Gimeno, cómplice en el asesinato, fue procesado uno de los hijos del exconcejal como inductor del crimen. Las dos mujeres insistieron en que Joaquín García Obiol, «de no muy recomendable conducta» y conocedor de las andanzas sexuales de su padre, las había presionado para que lo mataran.

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Según las conclusiones del fiscal, el joven, procesado en otra causa por robo, se había enfrentado en ocasiones por cuestiones económicas con su padre, que tenía fama de adinerado y avaro. Incluso llegó a amenazarle con pegarle un tiro en casa de Bernarda, donde en algunas ocasiones fue a buscarle.

Conociendo la precaria situación económica de Ortolá y Gimeno y deseando mejorar la suya, también apurada, cuatro meses antes del asesinato comenzó a inculcar a las mujeres la idea de que había que quitar de en medio a su padre. Así, él podría heredar y ellas recibirían una buena parte. Aunque en un principio Bernarda rechazó estas proposiciones, García Obiol la apremió en numerosas ocasiones y, según sus declaraciones, llegó a amenazar de muerte a ambas.

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El caso ganó aún más interés cuando las procesadas acusaron durante el juicio a la víctima de fabricar billetes falsos y salieron a la luz los escándalos y trapisondas que ocurrían continuamente en casa de Bernarda.

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La sentencia contentó a pocos, según relatan José de Cora y Óscar Soriano en el libro 'Veneno de mujer' (Edhasa, 2021) pues condenó a Bernarda y a Dolores a cadena perpetua y a pagar una indemnización de 10.000 pesetas a la familia de García Romero. El hijo de la víctima fue absuelto, aunque continuó en la cárcel por la otra causa de robo que tenía pendiente. «La tesis -explican De Cora y Soriano- es que ambas han planificado darle muerte, animándolo a alquilar la estancia donde se comete el crimen, más apartada de la población. Pero ¿qué le robarían? ¿Solo el dinero de los bolsillos?».