Polémica ante el «paseíllo» de la Infanta

A.M.-F./J.M.A./P.M.

14/01/2014
Actualizado a las 17:21h.

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La forma en la que la Infanta Doña Cristina accederá al Juzgado número 3 de Palma de Mallorca el próximo 8 de febrero ya se ha convertido en objeto de polémica. La cuestión es si Doña Cristina bajará caminando ante los medios de comunicación la rampa de 30 metros por la que se accede al Juzgado , si el vehículo llegará hasta la misma puerta o si podría acceder al edificio a través del garaje, para evitar lo que coloquialmente se llama «la pena del paseíllo o del telediario» . Una decisión que depende del juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, y que para la defensa de Doña Cristina es «absolutamente anecdótica».

En principio, la declaración de la Infanta se celebrará en la misma sala de los juzgados de Palma donde declaró su marido, Iñaki Urdangarín , y la intención del juez, José Castro, es grabar en vídeo el interrogatorio con el fin de agilizar la comparecencia judicial . Como se recordará, la primera declaración de Urdangarín en el Juzgado se prolongó durante 23 horas y a ello contribuyó el hecho de que la declaración fuera escrita y tuviera que ser repasada y validada por el imputado.

Las grabaciones en vídeo de las comparecencias quedan custodiadas por el juez , no se pasan a las partes y sólo pueden acceder a ellas personas legitimadas, en sede judicial y bajo supervisión. Lo que sí se envía a las partes unos días después es la transcripción literal.

Igual que ocurrió en los días previos a la primera declaración de Iñaki Urdangarín ante el Juzgado, ya se ha abierto una polémica sobre si la Infanta hará o no el «paseíllo» ante los medios de comunicación, lo que confirma el «circo mediático» en el que se ha convertido el caso Nóos.

Gallardón no quiere juicios paralelos

En este sentido, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón , ha pedido, en declaraciones a la Cope , que se eviten los juicios paralelos y dijo que espera que la Audiencia de Palma adopte las medidas necesarias para que no haya situaciones que puedan ser perjudiciales. Preguntado por el «paseíllo», respondió que «lo que no debe significar nunca una actividad de colaboración con la Administración de Justicia es que se produzcan penas paralelas» .

Gallardón afirmó que, como en cualquier otro procedimiento, el Gobierno tiene absoluto respeto y confianza respecto a las decisiones del poder judicial, aunque está impulsando reformas como las del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar que los procedimientos se eternicen. «Lo que no puede ser es que se prolongue indefinidamente una duda respecto a una persona» , indicó.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha pedido que «no se haga espectáculo» y que se lleve a cabo con la mayor normalidad posible , mientras que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó que le parece «estupendo que la Infanta entre por el garaje». En declaraciones recogidas por Servimedia, afirmó que «hasta ahora, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impone la pena de paseíllo, que yo sepa, no digo que no pueda ocurrir en el futuro». «Si existe un garaje en la Audiencia, me parece estupendo que la Infanta entre por él». Afirmó, asimismo, que, aunque «todos son iguales ante la ley, no todos son iguales ante los medios de comunicación» .

La Fiscalía no recurre

Por el contrario, los portavoces parlamentarios de UPyD, Rosa Díez, y del PNV, Aitor Esteban, rechazan que se pueda conceder un trato de favor a la Infanta , según informa Efe. «Son momentos duros, supongo que a todo el mundo le puede pasar, pero si el resto de las personas han tenido que recorrer esa cuesta, incluido su marido, pues imagino que a ella también le tocará», afirmó Esteban. En esta misma línea, Rosa Díez considera que «el Gobierno no tiene ni que proteger a unos ni a otros, tiene que dejar que las causas fluyan correctamente».

Esta mañana también ha quedado confirmado, como ya venía adelantando ABC, que la Fiscalía Anticorrupción no recurrirá la imputación de la Infanta , ya que «carece de sentido», una vez que la propia afectada ha anunciado su voluntad de comparecer ante el juez. No obstante, en el escrito presentado ante el juzgado para informar de esta decisión, el fiscal manifiesta «no compartir las consideraciones del Instructor».

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