La banca española tendrá que abonar entre 5.500 y 8.250 millones al fondo de resolución
El Eurogrupo ha constituido un nuevo compromiso, con leves modificaciones, para conseguir cerrar un acuerdo con el Parlamento Europeo

Si el Parlamento aprueba la última propuesta acordada por los ministros de economía de los Venitiocho, los bancos españoles tendrán que aportar una cantidad que puede llegar a representar entre el 10% y el 15% del fondo de resolución bancaria , destinado a respaldar los depósitos de los bancos europeos que sean obligados a ser desmantelados. El porcentaje representa algo más del porcentaje del PIB español en la zona euro, que es entre el 11 y el 12%.
El fondo debe estar dotado con 55.000 millones, aportados por el propio sector financiero, para que cualquier otra crisis bancaria que pueda producirse en el futuro no deba ser respaldada con dinero público. Es decir que los bancos españoles deberán aportar en un periodo de diez años hasta 8.250 millones de euros.
Esta cantidad forma parte del acuerdo alcanzado ayer después de largas negociaciones por los ministros de Economía de la UE, que han aprobado un nuevo mandato negociador para la presidencia griega sobre el conjunto del futuro mecanismo único de resolución bancaria. Si el Parlamento acepta las modificaciones pactadas por los ministros, todavía sería posible que el mecanismo de resolución fuera aprobado en la presente legislatura, antes de las elecciones europeas de mayo.
Sin embargo, los cambios que se han introducido son apenas de matiz respecto a los puntos que había rechazado el Parlamento. Los ministros pueden aceptar que se adelante a siete años el plazo para que ese fondo deje de ser una suma de compartimentos nacionales y mutualice el riesgo. En el periodo transitorio, el fondo puede financiarse si tuviera necesidad de ello entre un compartimento y otro, a través de una fórmula en la que no entre directamente dinero público.
Sin embargo, respecto a la autoridad que ha de determinar si un banco se cierra o no , se establecerá una autoridad en la que participan la Comisión Europea y el Banco central Europeo. En caso de discrepancia, la última palabra la tendría siempre el Consejo de ministros, es decir, los gobiernos nacionales.
Noticias relacionadas
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete